Amazon, Microsoft y Google llevan al Consejo de Estado su rechazo al nuevo decreto de centros de datos

La oposición de la industria tecnológica al nuevo marco español para los centros de datos ha entrado en una nueva fase. SpainDC, asociación que agrupa a operadores y grandes compañías como Amazon, Microsoft y Google, ha trasladado directamente al Consejo de Estado sus alegaciones contra el proyecto de real decreto que prepara el Gobierno.

El movimiento llega después del cierre de la audiencia pública y antes de que el Ejecutivo envíe formalmente el texto al Consejo de Estado para su dictamen. La patronal cuestiona tanto la viabilidad técnica y económica de algunas de las obligaciones como su encaje jurídico, mientras el Gobierno mantiene que la regulación es necesaria para ordenar el rápido crecimiento de estas infraestructuras y evitar que su demanda energética perjudique al resto del sistema eléctrico.

SpainDC lleva sus objeciones al Consejo de Estado

Según fuentes jurídicas citadas por El País, SpainDC ha acudido al Consejo de Estado para que el máximo órgano consultivo del Gobierno conozca directamente la posición de la industria antes de emitir su dictamen sobre el futuro real decreto.

El Gobierno también tendrá que remitirle el proyecto durante su tramitación. El informe del Consejo de Estado es preceptivo en este procedimiento, aunque sus conclusiones no obligan al Ejecutivo a modificar el texto.

El paso es relevante porque lleva el conflicto más allá de la audiencia pública que terminó el 10 de septiembre. El Ministerio para la Transición Ecológica asegura haber recibido más de 600 alegaciones durante ese proceso.

Amazon, Microsoft y Google están dentro de la patronal que cuestiona el decreto

Amazon, Microsoft y Google figuran entre las grandes compañías integradas en SpainDC. La iniciativa ante el Consejo de Estado corresponde formalmente a la asociación, por lo que no debe interpretarse como tres procedimientos independientes presentados por cada tecnológica.

La patronal considera que determinados puntos del borrador pueden superar las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica, especialmente en cuestiones relacionadas con el acceso y conexión a la red eléctrica. SpainDC sostiene que parte de esas competencias corresponde legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La asociación también considera que el conjunto de exigencias puede resultar discriminatorio y afectar especialmente a operadores de menor tamaño, que disponen de menos capacidad financiera que los grandes proveedores internacionales para adaptarse a nuevos requisitos.

El requisito más discutido es el 80% de renovables hora a hora

El punto que concentra la mayor oposición del sector es la obligación energética planteada por el Gobierno para los nuevos centros de datos de mayor tamaño.

El proyecto establece que, mientras las renovables no representen más del 90% del mix eléctrico, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro de datos en cada hora deberá corresponder a generación renovable producida durante esa misma hora.

Además, esa generación deberá cumplir un criterio de adicionalidad. Cada nuevo megavatio de consumo tendría que estar respaldado por nueva capacidad renovable instalada como máximo 18 meses antes de la entrada en funcionamiento del centro, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo.

SpainDC sostiene que la combinación de adicionalidad y correlación horaria es técnicamente y económicamente inviable con las condiciones actuales del sistema eléctrico. El Gobierno defiende, en cambio, que estas medidas evitarían que el fuerte crecimiento de la demanda de los centros de datos provoque más generación con gas, aumente los costes de electricidad o reste capacidad a otros procesos de electrificación.

La regulación afectaría a centros de datos de más de 1 MW

Las principales obligaciones del proyecto se aplicarían a centros de datos con una potencia de acceso a la red igual o superior a 1 MW.

Además de las condiciones de suministro renovable, el borrador introduce requisitos de eficiencia energética y consumo de agua, junto con obligaciones relacionadas con resiliencia y soberanía digital.

Los proyectos que ya se encuentren en tramitación tampoco quedarían automáticamente fuera del nuevo marco. El proyecto contempla un periodo de seis meses para adaptarse a los requisitos y acreditar su cumplimiento, circunstancia que SpainDC considera especialmente problemática para inversiones que ya cuentan con suelo, financiación, licencias, contratos energéticos o equipamiento comprometido.

Microsoft reclama seguridad jurídica y previsibilidad

Microsoft ha pedido públicamente que cualquier nuevo marco regulatorio ofrezca seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones compatibles con inversiones de largo plazo.

La preocupación empresarial no se limita al cumplimiento energético. El sector sostiene que modificar las condiciones aplicables a proyectos que llevan años desarrollándose podría alterar decisiones de inversión tomadas bajo el marco anterior.

SpainDC ha recurrido además a equipos especializados en derecho regulatorio. Según El País, compañías del sector cuentan con análisis elaborados por despachos como Garrigues, Cuatrecasas y A&O Shearman mientras estudian el alcance jurídico del decreto.

El sector no descarta terminar en los tribunales

SpainDC ha abierto la puerta a recurrir judicialmente la regulación si el texto final mantiene los aspectos que considera incompatibles con el ordenamiento jurídico.

La patronal insiste, no obstante, en que todavía busca una solución negociada con el Gobierno. El proceso se encuentra en una fase previa a la aprobación definitiva y el propio Ejecutivo ha señalado que está dispuesto a estudiar modificaciones siempre que se mantenga el objetivo central del decreto.

El País señala además que algunos inversores internacionales podrían estudiar mecanismos de reclamación adicionales si consideran perjudicadas inversiones previamente comprometidas. Esa posibilidad todavía es hipotética y no existe por ahora un procedimiento arbitral confirmado contra España por este decreto.

SpainDC habla de 67.000 millones de inversión potencial hasta 2030

Las cifras económicas que acompañan al conflicto deben entenderse como estimaciones del propio sector y no como inversiones ya canceladas.

SpainDC calcula que España podría movilizar alrededor de 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta en centros de datos hasta 2030 si se mantiene el crecimiento previsto. La asociación también proyecta que la potencia informática instalada podría alcanzar aproximadamente 2.537 MW al final de la década.

Estas cantidades representan una previsión agregada de mercado. No significan que 67.000 millones de euros hayan sido comprometidos individualmente ni que esa cantidad vaya a retirarse de España como consecuencia del decreto.

Separadamente, SpainDC aseguró esta semana que tres de sus socios contemplan inversiones por unos 9.000 millones de euros que podrían verse afectadas si la regulación se aprueba en sus términos actuales. La patronal afirma que esas empresas han advertido que reconsiderarían su presencia en España, pero no ha identificado públicamente esos proyectos como inversiones de Amazon, Microsoft o Google.

Los inversores internacionales siguen de cerca el conflicto

La incertidumbre regulatoria también ha llegado a los círculos financieros. Según El País, empresas y fondos expresaron preocupación por la propuesta española durante un reciente encuentro organizado por Goldman Sachs en la City de Londres.

España se ha convertido en uno de los mercados europeos con mayor número de proyectos de centros de datos gracias a su disponibilidad de energías renovables, conectividad internacional y suelo. El Gobierno señala que desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones, varias veces por encima de la capacidad prevista inicialmente en la estrategia nacional.

El Gobierno mantiene la filosofía del decreto

El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el elevado número de solicitudes obliga a seleccionar los proyectos que aporten mayor valor con menor impacto energético y ambiental.

El Ejecutivo considera que el crecimiento descontrolado de una demanda eléctrica prácticamente constante podría elevar el uso de generación con gas y trasladar costes adicionales al conjunto de consumidores. También quiere vincular la nueva capacidad informática a nueva generación renovable y establecer estándares elevados de eficiencia energética e hídrica.

La posición gubernamental no implica que el borrador vaya a aprobarse sin cambios. Tras las más de 600 alegaciones recibidas y antes de la aprobación definitiva, todavía debe continuar la tramitación administrativa y producirse el dictamen del Consejo de Estado.

La novedad ahora es precisamente ese nuevo frente. Después de presentar sus objeciones durante la audiencia pública, la industria representada por SpainDC ha llevado directamente su posición al Consejo de Estado, mientras Amazon, Microsoft, Google y otros grandes inversores observan si el Gobierno modifica las condiciones que determinarán buena parte del próximo ciclo de expansión de centros de datos en España.