SpainDC alerta de 9.000 millones en inversiones en riesgo por la nueva norma de centros de datos

La futura regulación española de los centros de datos ha abierto un enfrentamiento entre el Gobierno y una parte de la industria. SpainDC asegura que tres de sus empresas asociadas tienen proyectos por un valor conjunto de 9.000 millones de euros que podrían abandonar España si el proyecto de real decreto se aprueba con su redacción actual. La cifra es una estimación comunicada por la patronal y no representa inversiones que ya hayan sido canceladas.

La asociación cuestiona especialmente las nuevas condiciones energéticas previstas para las instalaciones de mayor tamaño, entre ellas la obligación de respaldar gran parte de su consumo con nueva generación renovable y demostrar esa correspondencia hora a hora. El Gobierno defiende, en cambio, que España debe ordenar el fuerte crecimiento de estas infraestructuras y priorizar los proyectos que aporten mayores beneficios económicos y digitales con un menor impacto energético y ambiental.

SpainDC cifra en 9.000 millones los proyectos que estarían en riesgo

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, sostienen que tres miembros de la asociación les han trasladado que llevarían sus proyectos fuera de España si el texto se mantiene sin cambios. Según la organización, esas iniciativas previstas sumarían unos 9.000 millones de euros.

Esto no significa que las inversiones hayan sido retiradas. Se trata del riesgo que SpainDC atribuye a la aprobación del decreto en sus términos actuales y de una declaración de la propia asociación sobre las intenciones comunicadas por esos inversores.

La patronal lleva varias semanas advirtiendo de un posible deterioro del atractivo de España para los centros de datos. Su informe anual calcula que el sector podría movilizar aproximadamente 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta entre 2026 y 2030 si continúa el escenario previsto actualmente. En un escenario regulatorio más restrictivo, sus propias estimaciones ya contemplaban una reducción significativa de esa cifra.

La norma afecta a los centros de datos de más de 1 MW

El proyecto de real decreto elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital establece sus principales requisitos para centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

El Gobierno justifica este umbral por el impacto que las instalaciones de ese tamaño pueden tener sobre la capacidad disponible en la red eléctrica, el consumo de agua y el territorio. Las obligaciones de publicación de determinados indicadores de sostenibilidad utilizan, sin embargo, otro umbral: alcanzan a centros con al menos 500 kW de potencia de tecnología de la información.

El 80% del consumo tendrá que estar respaldado por renovables

Uno de los puntos más discutidos es la exigencia de cubrir con energía renovable al menos el 80% del consumo eléctrico mientras la participación de renovables en el mix español permanezca por debajo del 90%.

El proyecto añade dos condiciones que SpainDC considera especialmente difíciles de cumplir: adicionalidad y correlación horaria.

La adicionalidad implica que el nuevo consumo de un centro de datos debe ir acompañado de nueva generación renovable. Según el texto planteado por el Gobierno, cada nuevo megavatio consumido debe respaldarse con capacidad renovable instalada dentro de los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación, mediante autoconsumo o instrumentos de contratación a plazo como los PPA.

La correlación horaria obliga además a demostrar el suministro renovable hora por hora. En cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida tendría que corresponder con energía renovable generada durante esa misma hora.

SpainDC considera inviable la correlación hora a hora

SpainDC sostiene que la combinación de estos requisitos puede convertirse en una barrera para nuevos proyectos. Díaz calificó el diseño previsto como inviable y la asociación argumenta que España impondría condiciones que pueden situarla en desventaja frente a otros mercados europeos.

La patronal también cuestiona que los requisitos afecten a iniciativas que llevan tiempo preparándose bajo el marco existente. Según el proyecto gubernamental, los centros de datos que se encuentren en tramitación dispondrán generalmente de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones. El periodo se reduce a tres meses en determinados proyectos pendientes de un concurso de acceso a la red.

Para SpainDC, esta disposición puede obligar a revisar proyectos que ya tienen comprometidos aspectos como terrenos, permisos, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos comerciales.

El decreto también fija límites de consumo de agua y eficiencia energética

Las condiciones energéticas no son las únicas que contempla el proyecto. Hasta que se aplique el futuro sistema europeo de etiquetado para centros de datos, previsto para agosto de 2027, el Gobierno propone exigir valores máximos de PUE de 1,15 y WUE de 0,1.

El PUE mide la relación entre toda la energía utilizada por un centro de datos y la empleada directamente por sus equipos informáticos. El WUE mide la eficiencia en el uso del agua. Cuando entre en funcionamiento el esquema europeo, España pretende exigir el nivel A tanto para eficiencia energética como hídrica.

España también quiere imponer requisitos de soberanía digital

La propuesta incorpora condiciones que no están relacionadas directamente con el consumo eléctrico. El operador de la infraestructura deberá estar establecido en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros asociados a la operación del centro tendrán que permanecer en territorio comunitario.

Los operadores también deberán aplicar medidas destinadas a controlar accesos procedentes de autoridades de terceros países cuando no estén amparados por el Derecho de la UE.

El incumplimiento de determinados requisitos puede generar penalizaciones sobre cargos y peajes y, en última instancia, afectar a los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El Gobierno dice que las previsiones del sector son irreales

El Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido a las críticas defendiendo un crecimiento ordenado y eficiente del sector. Fuentes del departamento citadas por EFE consideran que algunas previsiones planteadas por la industria son irreales y recuerdan que los proyectos están concentrados en determinados territorios.

El Ejecutivo sostiene que España recibe suficiente demanda para poder seleccionar los centros de datos que aporten un mayor beneficio. El Gobierno señala que desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión relacionados con estas infraestructuras, muy por encima de la demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW que la Estrategia de Inteligencia Artificial estima para aproximadamente 2,5 GW de capacidad de computación en 2030.

El Ministerio también ha indicado que el proyecto normativo ha recibido más de 600 alegaciones. Entre las críticas figuran las de empresas del sector y las de varias comunidades autónomas que aspiran a recibir inversiones en centros de datos.

El texto todavía es un proyecto de real decreto

Las condiciones discutidas no constituyen todavía una norma definitiva. El texto ha pasado por el procedimiento de audiencia e información pública, durante el que empresas, asociaciones y otras partes interesadas han podido presentar alegaciones.

Por tanto, los requisitos pueden modificarse antes de que el real decreto llegue a su versión definitiva. El conflicto actual se centra precisamente en esa fase: SpainDC pide revisar las condiciones de adicionalidad, correlación horaria y adaptación de proyectos, mientras el Gobierno mantiene que una regulación más exigente es necesaria para compatibilizar el crecimiento de los centros de datos con la red eléctrica, los recursos hídricos y los objetivos de soberanía digital.