Apple afronta una demanda de 2.000 millones de libras por las reglas de seguimiento de iPhone
Miles de desarrolladores británicos reclaman 2.000 millones de libras a Apple por considerar que App Tracking Transparency favoreció sus propios servicios.
Apple se enfrenta en Reino Unido a una demanda colectiva valorada en 2.000 millones de libras, alrededor de 2.700 millones de dólares, relacionada con App Tracking Transparency. La acción sostiene que las reglas de privacidad introducidas en iPhone y iPad perjudicaron a desarrolladores externos al imponerles condiciones de seguimiento más estrictas que las aplicadas a los propios servicios de Apple.
La demanda fue presentada el 3 de septiembre ante el Competition Appeal Tribunal de Londres por ATT Collective Action Limited en representación de miles de desarrolladores británicos. La organización está dirigida por Ann Pope, antigua responsable de antimonopolio de la Competition and Markets Authority del Reino Unido.
La demanda acusa a Apple de aplicar reglas diferentes
App Tracking Transparency, conocida como ATT, comenzó a aplicarse el 26 de abril de 2021. El sistema obliga a las aplicaciones que quieren rastrear la actividad de una persona entre apps y sitios web de otras compañías a solicitar previamente su autorización mediante el aviso de privacidad definido por Apple.
Los demandantes no cuestionan que los usuarios deban contar con mecanismos para controlar el seguimiento de sus datos. Su argumento es que Apple habría diseñado e implementado ATT de forma asimétrica, haciendo más difícil conseguir consentimiento para los desarrolladores externos mientras sus propios servicios publicitarios estaban sujetos a un proceso menos restrictivo.
Según la acción judicial, los desarrolladores de terceros podían tener que obtener consentimiento conforme a la normativa de protección de datos y, además, mostrar la solicitud específica de ATT establecida por Apple. Los servicios propios de la compañía no utilizarían exactamente el mismo procedimiento para solicitar autorización destinada a publicidad personalizada.
Los demandantes sostienen que esta diferencia proporcionó una ventaja competitiva al ecosistema publicitario de Apple y redujo los ingresos de aplicaciones cuyo modelo de negocio depende de la publicidad personalizada.
La reclamación representa a desarrolladores británicos
La acción se ha planteado bajo el modelo colectivo opt-out utilizado por el Competition Appeal Tribunal. La clase propuesta incluye a desarrolladores domiciliados en Reino Unido que obtuvieron ingresos por publicidad dentro de aplicaciones de terceros para iOS o que gastaron dinero en publicidad para captar usuarios para esas aplicaciones.
Los responsables de la demanda sostienen que muchas de las empresas potencialmente afectadas son pequeños desarrolladores. La reclamación pretende compensar tanto la supuesta pérdida de ingresos publicitarios como el aumento de determinados costes relacionados con la captación de usuarios después de la introducción de ATT.
Los 2.000 millones de libras representan la valoración global de los daños reclamada por la parte demandante. No se trata de una multa ya impuesta ni de una cantidad que Apple haya sido condenada a pagar.
El caso todavía debe ser autorizado por el tribunal
La presentación de la demanda tampoco significa que el procedimiento colectivo haya sido aprobado. El Competition Appeal Tribunal deberá conceder una orden de procedimiento colectivo antes de que ATT Collective Action pueda representar formalmente al conjunto de desarrolladores incluidos en la reclamación.
El tribunal tendrá que decidir, entre otros aspectos, si las reclamaciones son adecuadas para tramitarse conjuntamente y si la organización propuesta puede actuar como representante de la clase.
Después de esa fase, si el caso continúa, los demandantes tendrán que demostrar sus acusaciones de abuso de posición dominante y justificar tanto la existencia del perjuicio económico como la cantidad reclamada.
Apple defiende App Tracking Transparency
Apple rechaza que ATT otorgue un trato privilegiado a sus propios servicios. La compañía sostiene que creó el sistema para ofrecer a los usuarios una forma sencilla de decidir si una aplicación puede rastrear su actividad y afirma que está sometida a los mismos requisitos que los demás desarrolladores.
La documentación para desarrolladores de Apple establece que las aplicaciones deben utilizar el framework App Tracking Transparency cuando recopilan datos de un usuario y los comparten con otras compañías con el objetivo de rastrear su actividad entre diferentes aplicaciones y sitios web.
ATT se convirtió en uno de los principales cambios de privacidad introducidos en iOS durante los últimos años. Su llegada afectó especialmente al sector de la publicidad móvil, donde identificadores y otros datos habían sido utilizados tradicionalmente para crear perfiles, medir campañas y mostrar anuncios personalizados.
Los reguladores europeos ya han investigado ATT
La nueva demanda británica llega después de varios procedimientos regulatorios europeos relacionados con la implementación de App Tracking Transparency.
La autoridad francesa de competencia multó a Apple con 150 millones de euros en marzo de 2025. El regulador consideró legítimo el objetivo de proteger la privacidad, pero concluyó que la forma en que ATT se aplicó entre abril de 2021 y julio de 2023 no era necesaria ni proporcional y perjudicaba especialmente a pequeños editores de aplicaciones.
En agosto de 2026, la autoridad alemana de competencia aceptó compromisos de Apple para modificar el funcionamiento de ATT. Entre los cambios se encuentran una mayor aproximación entre los mensajes de consentimiento utilizados por aplicaciones externas y los empleados por Apple, además de la eliminación de determinados textos y símbolos que podían influir en la decisión del usuario.
Estas decisiones regulatorias no determinan automáticamente el resultado del nuevo procedimiento británico. La acción presentada ante el Competition Appeal Tribunal tendrá que demostrar de forma independiente que la aplicación de ATT infringió las normas de competencia en Reino Unido y causó los daños económicos reclamados por los desarrolladores.